Denuncian a ministro de Energía y Minas por no suspender desde 2019 la licencia minera Fénix en El Estor
Foto de portada. Créditos: Ministerio de Energía y Minas.
Una resolución inesperada de la Contraloría General de Cuentas (CGC) confirmó lo que ya habían dicho la Corte de Constitucionalidad y la investigación periodística Mining Secrets, que el Proyecto Minero Fénix, ubicado en El Estor, Izabal, operó en la ilegalidad durante meses con la complicidad de los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.
Por Prensa Comunitaria
Alberto Pimentel Mata y Luis Chang Navarro, actual ministro y exministro del Ministerio de Energía y Minas (MEM), fueron denunciados por la CGC por no suspender la licencia del proyecto minero Fénix.
En julio de 2019, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la suspensión de las operaciones mineras de ese proyecto, que actualmente está en propiedad de la transnacional minera ruso-suiza Solway y la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), que operan desde 2005 de manera ilegal en ese territorio. La negligencia de Pimentel Mata habría permitido operar durante dos años y 11 meses, en total impunidad, al gigante minero.
La denuncia penal contra Pimentel y Chang, que fue presentada a finales de 2021, surgió de los hallazgos del órgano contralor en el Informe de Auditoría de mayo de 2021, que señalan que era objetivo de la CGC “determinar si hubo un periodo en el que se dejó de dar cumplimiento a la resolución de fecha 18 de julio de 2019, dictada por la Corte de Constitucionalidad”.
Los resultados de la auditoría confirman que sí hubo desacato de la sentencia de la corte y que nunca suspendieron las operaciones mineras. A criterio del abogado amparista, Rafael Maldonado, la sentencia de la CC sobre el proyecto Fénix implica la suspensión de todas las operaciones, es decir la extracción en las áreas de cantera, el procesamiento de minerales como la mena de níquel en la Planta Procesadora -dentro del polígono de Fénix-, la extracción y exportación de minerales, o la importación de insumos para el funcionamiento de estas otras actividades de Solway y CGN.
“Se verificó el incumplimiento por parte de los ministros en funciones durante el año 2019 y 2020, al no acatar la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad, toda vez que la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel, S.A., continuó realizando las operaciones… la licencia del derecho de explotación minera fue suspendida por el ministro de energía y minas en funciones hasta el 25 de enero de 2021, mediante la resolución MEM-RESOL-66-2021”, lee la auditoría.
El documento también refiere que el MEM fue notificado de la resolución de la corte un día después del dictamen, es decir, el 19 de julio de 2019. En los siguientes días, el ministerio presentó solicitudes de aclaración y ampliación a la CC, pero estas fueron desestimadas el 27 de agosto de ese año por los magistrados de la corte.
El MEM emitió un decreto para que la minera suspendiera funciones hasta el 25 de enero de 2021, un año y medio después de la sentencia de la corte. Eso dio 18 meses o 556 días de trabajo ininterrumpido a la minera y a la explotación de tierras en El Estor, Izabal.
La resolución de la CC en julio de 2019, buscaba proteger los derechos de las comunidades indígenas Maya Q’eqchi’, quienes reclamaban que la licencia Fénix de CGN, que hasta 2011 pertenecía a la empresa canadiense Skye Resources y Hudbay Minerals, no había realizado una consulta comunitaria previo a iniciar operaciones en 2006 y, por lo tanto, no contaban con un Estudio de Impacto Ambiental EIA, con lo que no tienen licencia minera, tal y como lo confirmó el Amparo en la Corte Suprema de Justicia de 2018 y la sentencia de la CC en 2019.
Según documentos obtenidos por la CGC, la mina mantuvo sus actividades hasta el 31 de diciembre de 2020, pero comunitarios de El Estor han asegurado, en repetidas ocasiones, que la empresa nunca dejó de operar. Incluso durante la represión del 22 y 23 de octubre de 2021, la empresa estuvo operando sin ningún inconveniente y fue gracias el Ministerio de Gobernación y Defensa que logró garantizar las reservas de carbón para evitar que la Planta Procesadora detuviera operaciones.
Foto de cuerpo: Oscar Rafael Pérez Ramírez y Alberto Pimentel Mata, Viceministro y Ministro del MEM. Firmando el documento de respaldo a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Solway para “continuar” operaciones en 2022.
Ministro y exministro se excusan para evadir la responsabilidad
En el informe, Pimentel se excusó diciendo que tomó posesión el 14 de enero de 2020, cuando ya habían pasado 5 meses de la resolución de la CC y de la notificación al MEM, y que el Departamento de Minería nunca le informó de que la suspensión era un tema pendiente.
“Como autoridad superior del Ministerio de Energía y Minas no tenía conocimiento de la resolución emitida y notificada en su oportunidad por la Corte de Constitucionalidad y menos aún, que esta no había sido cumplida por las autoridades ministeriales que se encontraban en el ejercicio del cargo en dicho momento”, dijo Pimentel a los auditores de la contraloría.
“Se puede determinar que no existía incumplimiento de las órdenes emitidas por el tribunal de amparo por parte de mi persona, dado que la línea de tiempo y las normas del proceso constitucional de amparo le hacían dicha obligación a otra persona”, refirió Chang Navarro a los auditores.
Para la contraloría ambos funcionarios son responsables del desacato. Chang y Pimentel deberán enfrentar la denuncia penal de la CGC (número MP001-2021-5868), que ahora se encuentra en manos de la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público MP.
Pese a esto, la situación en El Estor no ha cambiado, pues el MEM firmó en enero de 2022, la reactivación de las operaciones de la minera tras realizar una consulta que la población maya Q’eqchi’ ha catalogado como fraudulenta y exclusiva, pues al menos, 90 comunidades fueron dejadas fuera del proceso, sus principales autoridades ancestrales fueron excluidas, reprimidas y ahora cuatro de ellas enfrentan una nueva orden de detención, desde enero de 2022, por oponerse a la operación minera de Solway, denuncian en la que se incluyó a un periodista de Prensa Comunitaria
En marzo de 2022 fueron revelados varios escándalos por los secretos mineros de esta empresa, relacionados con las operaciones del proyecto minero Fénix. Esto, luego de una filtración de documentos y comunicaciones internas de la empresa, entre los gerentes guatemaltecos y rusos, con oficinas de Solway en el extranjero, que confirmaron la ilegalidad de las operaciones mineras. Uno de los escándalos el uso de millones de quetzales para tener el control de los resultados de la consulta en 2021.
Recientemente, en abril, Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales (GPA) y una de las autoridades de los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’, presentó junto al abogado Rafael Maldonado un ocurso, ante la CC, en contra del MEM por el incumplimiento y desacato de la sentencia, por considerar que se violentó el debido proceso de la consulta comunitaria y por lo tanto, debe ser considerada ilegal. La CC resolvió que el MEM y la empresa minera incumplieron con la sentencia, decretó que la consulta es ilegal y que todo el proceso debe retrotraerse o reiniciarse desde junio de 2021, cuando iniciaban los preparativos de la misma.
Tanto la CGC y la sentencia del 26 de abril de la CC confirman las irregularidades e ilegalidades de las actuaciones de Pimentel Mata al frente del MEM, en relación a proteger las operaciones ilegales de Solway con el proyecto Fénix, en El Estor Izabal.
