Cobertura de Prensa Comunitaria
Una resolución inesperada de la Contraloría General de Cuentas (CGC) confirmó lo que ya habían dicho la Corte de Constitucionalidad y la investigación periodística Mining Secrets, que el Proyecto Minero Fénix, ubicado en El Estor, Izabal, operó en la ilegalidad durante meses con la complicidad de los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.
La tensión entre la Federación Rusa y Ucrania tiene una larga data. La segunda formó parte de la Unión Soviética (URSS), pero tras la llegada de la Perestroika (1985), la caída del Muro de Berlín (1989) y la desintegración de la URSS (1991), logró cierta independencia.
Jordán Rodas Procurador de los Derechos Humanos PDH, expresó su preocupación por los recientes ataques en contra de Prensa Comunitaria y la existencia de una segunda orden de aprehensión en contra del periodista Carlos Ernesto Choc, señalado por trece agentes de la Policía Nacional Civil por los hechos ocurridos durante la cobertura del 22 de octubre en El Estor Izabal.
Algunos vecinos de El Estor, quienes desde de diciembre de 2021 tienen cargos en el Consejo Comunitarios de Desarrollo (COCODE), denunciaron presiones de parte de trabajadores de la empresa minera CGN-Pronico, para recolectar firmas en respaldo a la transnacional Solway. “Nos están exigiendo 25 firmas por cada COCODE, para adjuntar a una carta que piensan llevar al Congreso”, expresó uno de los representantes que, por miedo a represalias, pidió el resguardo de su identidad.
La respuesta del gobierno de Alejandro Giammattei y el Ministerio Público de Consuelo Porras al trabajo periodístico que desveló en Guatemala las irregularidades de la mina de Solway-CGN-Pronico en El Estor, Izabal, ha sido perseguir y criminalizar, por segunda vez, a uno de los periodistas de Prensa Comunitaria, que reporta sobre estos hechos desde 2017.
Revelan un archivo de vigilancia y seguimiento clandestino, filtrado de la minera Fénix, hacia abogados y comunitarios que impulsaron la resistencia a ese proyecto y a periodistas y medios de comunicación que le dieron cobertura. Periodistas y abogados espiados confían en que el Ministerio Público abra una investigación.
Han pasado diez años desde que la transnacional canadiense HudBay Minerals Inc. anunció la venta del 100% de la licencia del proyecto Fénix de ferro-níquel en el departamento de Izabal. Lo que llamaron “un proyecto robusto con ganancias en aumento” supuso la cantidad consolidada de US$212.5 millones, pagada por la transnacional Solway Investment Group, de capital ruso-suizo.
Nada detiene las operaciones mineras en El Estor, ni el aumento de contagios y fallecimientos de trabajadores mineros por la pandemia, ni la resolución de suspensión ordenada el año pasado por la corte constitucional del país, que ordenó a Solway suspender las operaciones del principal proyecto minero que posee en América por no tener la licencia minera. La transnacional empresa ruso-suiza podría superar la meta de las 20 mil toneladas de níquel del año anterior a costa de la salud de miles de personas y el deterioro del medio ambiente local.
En medio de la pandemia del coronavirus en Guatemala, con un alza considerable de los contagios a nivel nacional que suman 23,248, de esos corresponden al departamento de Izabal (197) y con el colapso de los principales hospitales nacionales que atienden estos casos, los gerentes de una de las empresas mineras de níquel realizan actividades sociales, convocan a varias comunidades y se reúnen sin ninguna protección ni medida de prevención.
El 27 de mayo de 2017, autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) tuvieron que haber entregado a los pescadores organizados de El Estor, un estudio de agua, que explicaría si la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico), subsidiaria del grupo ruso-suizo Solway, ha sido responsable del coloramiento rojizo del Lago de Izabal. La reunión entre las partes nunca tuvo lugar, a cambio se produjo una manifestación que finalizó acallada por un tiroteo.
A inicios de 2019 el río Trincheras, ubicado en el municipio Los Amates, Izabal, se tiñó de un color rojo óxido. Vecinos lo relacionan con el proyecto minero niquegua montufar II, propiedad de la Compañía Guatemalteca de níquel (CGN-Pronico) subsidiaria de Solway Investment Group. Cuando se solicitó una investigación, el gobierno local envió a una enfermera del Centro de Salud a tomar muestras de agua. Los directivos comunitarios rechazan esos resultados.
El Proyecto minero Fénix de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) ha extraído minerales en el municipio de El Estor, Izabal, desde hace 13 años. El pasado 19 de julio la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió sus operaciones hasta que se resuelva si se cancela de forma definitiva o si se ordena que se realice la consulta a las comunidades q’eqchies afectadas por la mina.
En el Caribe guatemalteco se encuentra la empresa de explotación de minerales más vieja del país. La extracción de níquel comenzó a finales de los años 50 del siglo pasado, casualmente con la llegada de la contrarrevolución Estadounidense en contra del gobierno del coronel Jacobo Árbenz Guzmán en 1954, que buscaba nacionalizar las tierras y devolverlas a sus dueños originarios. En El Estor, Izabal, estas tierras estaban en manos de norteamericanos, luego fueron entregadas a terratenientes locales y luego a canadienses y así la actividad minera fue ocupando territorio.